SJL quiere ordenar el tránsito, pero le falta resolver dónde estacionan los vecinos: el caso de Av. Gran Chimú

Un caso puntual para pensar qué le vamos a exigir a quien gobierne SJL los próximos cuatro años.

San Juan de Lurigancho creció rápido y sin planificación. Hace 30 años, pensar que una familia promedio en SJL tendría uno o dos autos propios era casi una utopía; hoy hay zonas del distrito donde casi todas las viviendas tienen vehículo, pero se construyeron sin cochera, porque ese no era el problema de la época. El resultado es un distrito con más de un millón de habitantes y un parque automotor que su trama urbana nunca previó. Ese desfase es el trasfondo real de lo que está pasando en Av. Gran Chimú, y se repite en las calles aledañas a varios mercados de abastos del distrito.

Con elecciones municipales en el horizonte, este caso sirve para algo más que una queja vecinal: es una muestra concreta de cómo se está gestionando —o no— un problema estructural, y de qué tipo de propuestas debería exigirle el ciudadano a quien quiera gobernar SJL.

El problema: una restricción vehicular sin sustento técnico ni plan de mitigación

En marzo de 2023, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a pedido de la comuna de SJL, declaró zona rígida (prohibición de estacionar) solo el lado par de Av. Gran Chimú. En agosto de 2024 se pintó ese lado. Pero en 2025 la gestión distrital extendió de hecho la restricción al lado impar —no contemplado en la resolución— y comenzó a multar y a colocar cepos también ahí, generando denuncias de vecinos y comerciantes por lo que consideran un exceso de autoridad.

La base legal que usa SJL para colocar los cepos es la Ordenanza N.° 470-2024-MDSJL, aprobada en abril de 2024. Revisado el texto tal como se publicó en El Peruano, su sección de sustento (los «VISTOS») solo invoca artículos de competencia general de la Ley Orgánica de Municipalidades (9.8, 39 y 40) — no cita ningún estudio de impacto vial, de aforo vehicular ni de accidentabilidad que respalde la medida. Esa ausencia no es un detalle menor: la abogada especialista en derecho administrativo y municipal Irene Torrejón ha señalado a la prensa que las municipalidades distritales no tienen competencia para sancionar en materia de tránsito —esa facultad es exclusiva del Ministerio de Transportes— y recuerda que este mismo año el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una ordenanza casi idéntica de La Victoria (Ordenanza 375-2021), que también autorizaba cepos y multas. Bajo ese precedente, la ordenanza de SJL queda expuesta al mismo cuestionamiento.

Pero más allá del debate legal, hay un problema de gestión pública que cualquier candidato debería poder responder: la medida no vino acompañada de ninguna alternativa para quienes pierden el espacio de estacionamiento. En los alrededores de Gran Chimú conviven un mercado, varias galerías comerciales y la oficina de SUNARP de SJL (ubicada justo en la cuadra 4 de esa avenida), que a diario reciben usuarios que necesitan detenerse, aunque sea por minutos. Revisando la oferta formal de parqueo en la zona, no existe ninguna playa de estacionamiento pública sobre la propia avenida; solo cocheras privadas dispersas ofrecidas informalmente en alquiler, y un programa municipal de parquímetros (Ordenanza 516-MDSJL) que cubre 714 espacios en todo el distrito, sin que se pueda confirmar cuántos —si acaso alguno— están asignados a este corredor. Comerciantes y visitantes están siendo sancionados sin que la comuna les haya dado dónde ir.

Ordenar el tránsito es una necesidad real y legítima. El problema es hacerlo solo con el lado punitivo —sanción y retiro de vehículos— sin generar oferta ni estudiar el impacto en el comercio local.

La propuesta: estacionamientos subterráneos con inversión privada, no con presupuesto municipal

SJL no tiene que inventar la fórmula. Miraflores enfrentó un problema equivalente —déficit de estacionamiento y congestión alrededor del parque Kennedy— y lo resolvió generando capacidad nueva, no solo restringiendo. El proyecto se originó como iniciativa privada presentada a la comuna en 2011, fue declarado de interés meses después y adjudicado en concesión en 2012 al Consorcio Estacionamientos Miraflores. Antes de construirse pasó por un estudio de impacto ambiental (aprobado por el Ministerio de Vivienda) y un estudio de impacto vial (aprobado por la Municipalidad de Lima). La obra —23.4 millones de soles, financiados 100% con capital privado— habilitó 573 espacios en tres niveles, bajo las calles Lima y Virgen Milagrosa, junto al parque. Es decir: construyeron bajo la calle, no bajo el área verde, y luego liberaron el estacionamiento en superficie y ensancharon las veredas. La concesión se otorgó a 30 años, plazo en el que el operador privado recupera su inversión con la tarifa que cobra a los usuarios.

Ese es el modelo que SJL podría evaluar para Gran Chimú, con al menos dos variantes de ubicación:

Opción 1 — bajo el Parque Micaela Bastidas, ubicado justo frente a la oficina de SUNARP. Con una superficie aproximada de 70 x 50 metros (3,500 m², estimación referencial pendiente de confirmar con catastro), un solo sótano permitiría entre 115 y 140 espacios, usando como referencia el estándar de 25 a 30 m² por espacio en un estacionamiento subterráneo.

Opción 2 — bajo la propia Av. Gran Chimú o una calle lateral, replicando el criterio de Miraflores de construir bajo la vía en vez de bajo el parque, lo que evita interrumpir el único espacio verde de la zona durante la obra y puede aprovechar tramos más anchos de la avenida o calles colindantes con menor tránsito peatonal.

Los números, con supuestos explícitos

Usando el costo real de Miraflores (S/40,839 por espacio construido, en un proyecto de tres niveles) como techo, y asumiendo que un solo sótano es más simple y por tanto más barato por espacio, un rango razonable de inversión para 115-140 espacios en SJL sería de S/3.5 a S/5.5 millones.

Sobre el repago, hay un dato de campo que cambia el cálculo: en la zona, los estacionamientos privados formales cobran S/5.00 la hora, y los cuidadores informales en la calle cobran entre S/1 y S/2. Un sótano techado y vigilado —más seguro que la calle, más barato que un privado formal— podría cobrar tranquilamente S/3.00 la hora, un precio competitivo que además compite de forma directa con la informalidad.

A eso se le puede sumar un segundo negocio dentro del mismo espacio: alquiler nocturno para vecinos de las zonas aledañas que hoy no tienen cochera propia. Con una mensualidad de S/250 a S/300 por «toda la noche», el mismo espacio que de día se alquila por hora a visitantes del mercado, las galerías o SUNARP, de noche se alquila completo a un vecino — duplicando el uso del mismo metro cuadrado sin construir un solo espacio adicional.

Haciendo el cálculo con estos datos (S/3.00/hora en horario diurno de 12 horas, ocupación diurna de 50-65%, más la suscripción nocturna de S/250-300/mes, y descontando un 40% de costos operativos por tratarse de un servicio de 24 horas con vigilancia permanente), el ingreso neto anual estimado para 115-140 espacios rondaría entre S/650,000 y S/1,010,000 al año. Con una inversión de S/2.9 a S/5.6 millones, el periodo de recuperación bajaría a un rango de aproximadamente 3.5 a 7 años — un plazo bastante atractivo para un inversionista privado, muy por debajo de los 30 años de concesión que se dio en Miraflores, y que respalda la idea de que este tipo de proyecto puede ser un buen negocio y no solo una obra pública subvencionada.

Lo que esto debería significar para el debate electoral

Ninguno de estos números reemplaza un estudio de factibilidad real —falta el estudio de suelos (crítico en Zárate por la cercanía al río Rímac y la napa freática), el conteo real de demanda vehicular, y una estructuración financiera formal—. Pero alcanza para plantear con seriedad una pregunta que todo candidato a la alcaldía de SJL debería responder con propuestas concretas, no solo con promesas:

• ¿Cómo va a ordenar el tránsito sin dejar a comerciantes, mercados y usuarios de oficinas públicas sin dónde estacionar?
• ¿Está dispuesto a evaluar un esquema de estacionamientos subterráneos por iniciativa privada y concesión, que no comprometa presupuesto municipal?
• ¿Qué va a hacer para que las ordenanzas de tránsito no terminen, como en La Victoria, declaradas inconstitucionales por falta de sustento técnico y competencia?

SJL merece una gestión que ordene el distrito con estudios, no solo con cepos. Y merece candidatos que lleguen con ese nivel de propuesta.

Esta es la primera parada de una ruta

La Av. Gran Chimú es solo un caso, pero el patrón se repite en calles aledañas a otros mercados de abastos del distrito, y probablemente en varios temas más de gestión municipal que todavía no hemos mirado de cerca. Desde SJL Perú vamos a ir revisando, uno por uno, los asuntos municipales que más le importan al vecino de cara a las elecciones: no para señalar a nadie, sino para llegar informados al momento de votar. Si hay un problema de tu zona que crees que merece este mismo tratamiento —datos, normas, comparación con lo que funciona en otros distritos y una propuesta concreta— cuéntanoslo.